Expertos estadounidenses recomiendan aceptar realidad: Piensan que es el momento de reestructurar las empresas públicas en Puerto Rico
Un análisis de El Nuevo Día ha determinado que la deuda pública real a la que se enfrenta el Gobierno supera los $167,000 millones, si se suman los intereses de los préstamos tomados y el déficit de los sistemas de retiro. (GFR Media/ Ilustración)
Ante el deterioro de la crisis fiscal, el Gobierno de Puerto Rico debe reconocer que el agua ya se desborda del estanque, reestructurar la deuda de sus empresas públicas que están a un paso de la insolvencia y pedir ayuda a instituciones multilaterales.
Esas son algunas de las recomendaciones de expertos en Estados Unidos que han seguido de cerca la cada vez más difícil situación económica de Puerto Rico, y coinciden en que todo empieza por el gobierno de Alejandro García Padilla aceptar que la deuda pública ya es inmanejable bajo la estructura actual.
“No es que el gobierno de turno lo haya hecho peor que otros, es un problema acumulado”, dijo el economista Barry Bosworth, experto de la Institución Brookings, quien ha estado atento al desarrollo de la economía de Puerto Rico por décadas y fue asesor del presidente estadounidense Jimmy Carter.
Para Bosworth, el Gobierno de Puerto Rico tiene que descartar seguir tomando prestado a tasas de interés altas e ir de golpe -no una a una- hacia la reestructuración de la deuda de las corporaciones públicas que están al borde de la bancarrota, como la Autoridad de Energía y Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y la capitalización del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Un análisis de El Nuevo Día ha determinado que la deuda pública real a la que se enfrenta el Gobierno supera los $167,000 millones, si se suman los intereses de los préstamos tomados y el déficit de los sistemas de retiro.
A partir de julio, además, el Gobierno deberá dedicar casi la mitad del dinero que recibe el Fondo General al pago de deuda pública.
Mientras, crece el temor de que el propio BGF -agente fiscal del gobierno de Puerto Rico- quede insolvente ante los próximos pagos de $627 millones que tiene que hacer a bonistas entre marzo y septiembre próximo.
“El problema financiero del Gobierno de Puerto Rico es más sistémico de lo que se ha dejado ver”, indicó Robert Donahue, director gerente del Grupo de Analistas de Bonos Municipales de Nueva York.
Al igual que Bosworth, Donahue entiende que al hablarse de la deuda pública deben tomarse en cuenta las obligaciones que tienen los sistemas de retiro. Pero, no cree que los analistas se fijen en la suma global de los intereses.
De todos modos, Bosworth sostuvo que entre el principal de la deuda pública ($73,000 millones) y el de los sistemas de retiro ($33,700 millones) es importante que se acepte que se trata de obligaciones financieras que superan los $100,000 millones.
Obligaciones generales
El analista Donahue teme que el problema impacte los bonos del gobierno central -aunque la Constitución proteja a esos inversionistas- y los de Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que son los de más alta clasificación en los mercados de Wall Street. “Cuando no hay dinero,no hay dinero, no importa lo que diga la Constitución”, dijo Donahue.
“No es el momento para tratar de arreglar las sillas del Titanic”, sentenció, por su parte, el profesor Arturo Porzecanski, director del Programa de Relaciones Económicas Internacionales de la American University, ex analista de Wall Street y asesor de firmas de inversiones.
Porzecanski entiende la urgencia del Gobierno por salir ahora al mercado a capitalizar el BGF, pero piensa que esa nueva gestión tiene que ir acompañada de acciones agresivas hacia la reestructuración de las empresas públicas.
“Esa gran reforma es lo que está faltando. Los sindicatos se van a oponer y otros intereses también, pero necesitan ese plan para ir cerrando empresas públicas que no tienen capital suficiente o darlas en concesión”, dijo.
Bosworth, por su parte, piensa que en este momento la privatización de la AEE -con un ente regulador que promueva la competencia- puede ayudar. Pero, tampoco está convencido de que la AEE tenga en este momento mucho valor.
“El problema no es meramente las condiciones fiscales, sino el costo de la energía eléctrica, cómo promover negocios con tan alto costo, cómo promover nuevas inversiones en Puerto Rico”, sostuvo.
En el pasado, Porzecanski ha coincidido con otros -como los grupos conservadores republicanos que han sido parte de la guerra de relaciones públicas en contra de la decisión del Gobierno de Puerto Rico de impugnar un acuerdo contributivo que le otorgaría $230 millones al banco Doral- en que es necesaria una intervención federal.
Pero, acepta que cualquier propuesta dirigida a crear una junta administrativa federal que reorganice las finanzas de Puerto Rico tiene que estar avalada por el gobierno puertorriqueño, entre otras cosas, por el debate sobre el status político que generaría, un tema que el Congreso no ha querido tratar a fondo.
“El Gobierno de Puerto Rico se tiene que dar cuenta de que no puede hacerlo todo solo”, sostuvo Porzecanski.
Un rescate federal -ya fuera a través de un gigantesco paquete legislativo con asignaciones especiales o la compra de bonos de la Isla por parte de la Reserva federal, como propusieron algunos- nunca ganó tracción.
Mal precedente
“El Congreso ve un rescate financiero como un mal precedente”, sostuvo el economista Bosworth, cuyo grupo de estudio es uno de los más respetados y reconocidos de la capital estadounidense.
Para el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, la intervención de una junta administrativa federal tampoco es una opción. “Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. No favorezco que venga un tercero a disponer de asuntos que tenemos que resolver nosotros los puertorriqueños”, agregó.
El economista Porzecanski, mientras, piensa que a la hora de ir en busca de asistencia, el Gobierno de Puerto Rico debe mirar más allá del gobierno federal -Tesoro o Banco de la Reserva -, sino pensar también en instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Tienen la opción de llamar a los bomberos. En el caso del Banco Mundial o el BID, si no quieren el FMI, hay personas que tienen muchísima experiencia sobre privatización de empresas públicas, cómo mejorar finanzas municipales e imponer un sistema como el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Esos bomberos estarían ahí pronto y en vez de gastar millones en consultores, no les costaría nada”, dijo Porzecanski, natural de Uruguay y quien en el pasado estuvo vinculado a reestructuraciones de deuda en Latinoamérica.
Más allá del proceso extrajudicial que se lleva a cabo en torno a la deuda de la AEE, hasta el momento la actitud del gobierno de García Padilla ha sido descartar la reestructuración de la deuda pública.
Pero, se encargó de legislar una ley criolla que provee un proceso de quiebra para las corporaciones públicas, similar al que establece el capítulo 9 del estatuto federal, que no incluye a Puerto Rico.
El gobernador García Padilla también ha insistido en que no han pedido un rescate al gobierno federal.
Por el contrario, García Padilla ha destacado cómo se ha reducido el déficit presupuestario de $2,200 millones a unos $97 millones, aumentado los recaudos, y reformado sistemas públicos de pensiones.
Status
Por otro lado, en momentos en que el comisionado Pierluisi revive legislación a favor de una consulta pro estadidad -avalada por el Congreso federal-, el profesor Porzecanski consideró que la atención de Washington debe estar en el tema económico.
“Me parece mal momento. No hay ningún ambiente para ese tipo de decisión, en momentos en que en el Congreso no se ponen de acuerdo sobre cosas mucho más fáciles”, agregó el catedrático universitario, al aludir también al efecto de los impuestos federales en la economía y la estructura del Gobierno de Puerto Rico.
Un análisis de El Nuevo Día ha determinado que la deuda pública real a la que se enfrenta el Gobierno supera los $167,000 millones, si se suman los intereses de los préstamos tomados y el déficit de los sistemas de retiro.
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