Por Juan Lara

Una de las críticas que con más frecuencia se le han hecho a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es que no le ha dado la atención debida al tema del desarrollo económico. Por fin, los miembros de la Junta se dieron por aludidos, y en su informe de labores al Congreso, al cumplirse el primer año de PROMESA, incluyeron una lista de acciones que podrían tomar las autoridades federales para fortalecer la economía puertorriqueña.

Como todas las propuestas que ha presentado la entidad, éstas últimas han causado revuelo, especialmente las que apuntan al desmantelamiento del estado de beneficencia pública que ha existido en Puerto Rico por décadas, pero muchas de las recomendaciones simplemente se hacen eco de los planteamientos que varios puertorriqueños han hecho a lo largo de los años. Por ejemplo, en su larga lista de peticiones, la Junta incluyó el que se exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, incluyendo el cabotaje aéreo, y que se tomen medidas para evitar el precipicio fiscal al que se enfrenta la reforma de salud. También abogó por que el Cuerpo de Ingenieros trabaje con el Proyecto ENLACE para seguir adelante con el plan de dragar el Caño Martín Peña.

Otras propuestas interesantes son la creación de un Instituto de Manufactura para consolidar la industria farmacéutica y desarrollar la capacidad de innovación en biotecnología, así como varias medidas concretas de apoyo federal para mejorar la inteligencia estadística en diversas áreas, no sólo la economía, y diversos proyectos de apoyo técnico de agencias federales a organismos del gobierno local. Un ejemplo interesante de esta última idea es que el sistema de rentas internas federal ayude a Hacienda a mejorar la fiscalización contributiva.

Hay que decir que lo que la Junta le presentó al Congreso no es un plan de desarrollo económico porque, en realidad, es poco más que una lista. Pero no es una lista de sandeces, sino de propuestas con sentido, y hay que tomarlas en serio como parte de un relanzamiento del desarrollo económico de la isla. Además, no hay que olvidar que la Junta tiene un canal privilegiado de diálogo con el Congreso que otros no tienen, aunque sus ideas sean igual de buenas, o hasta mejores.

Dicho esto, vale recalcar que el diseño de un plan de desarrollo sigue todavía pendiente. La Junta habla de manufactura farmacéutica, pero no dice nada sobre qué incentivos serían necesarios para estimularla, ni se expresa sobre las intenciones del Congreso de establecer un sistema territorial de tributación corporativa que podría afectar el desarrollo farmacéutico en la isla. De igual modo, la Junta propone sustituir el estado de beneficencia por un crédito contributivo al ingreso del trabajo, pero no dice nada sobre el difícil proceso de transición que necesariamente tendría que darse para que esa sustitución sea viable; porque nadie en su sano juicio propondría que se haga “de golpe y porrazo” en una economía que no genera empleos suficientes ni siquiera para los que no necesitan del bienestar público.

Cosas como esas —procesos de transición, esquemas de incentivos, medidas de corto y largo plazo, objetivos y metas concretas, métricas de evaluación, y otras— son las que hay que añadirle a una lista de propuestas para que empiece a parecerse a un plan de desarrollo. Pero creo que esa parte de la tarea nos toca a nosotros, y no a la Junta ni al Congreso. Por eso creo que la lista de la Junta es un buen punto de partida… para empezar.

Publicado en: Tribuna invitada