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“Crisis, planes fiscales y la UPR”

El autor, Carlos A. Colón de Armas, discute la situación fiscal de Puerto Rico y cuestiona el tratamiento que le han dado la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y la propia administración local a las distintas corporaciones e instrumentalidades del Estado Libre Asociado. Además, dedica una parte del escrito a analizar los retos fiscales que enfrenta actualmente la Universidad de Puerto Rico y esboza algunas iniciativas que podría tomar el principal centro docente de Puerto Rico ante las reducciones presupuestarias. Por último, el autor cataloga como equivocado las acciones que se han tomado al tratar todas las deudas de Puerto Rico como una sola.

Les invitamos a consultar este artículo, escrito por el Dr. Carlos Colón de Armas, profesor de la Escuela Graduada de la Factultad de Administración de Empresas.

Ficha bibliográfica: Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Rev.87 No.3 2018

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CNE in Washington DC

CNE in Washington DC

On July 18 CNE’s Policy Director Sergio Marxuach participated in a bipartisan roundtable discussion in the US Congress on the future of Puerto Rico’s economy at the invitation of Rep. Nydia Velázquez, Ranking Minority Member of the House Committee on Small Business. Below is a summary of CNE’s testimony as well as a link to the unabridged version of the document submitted by CNE.

PROMESA is not working as expected

With the enactment of PROMESA in June 2016, Congress recognized that it has a moral obligation under the U.S. Constitution to foster the welfare of the U.S. citizens that live in Puerto Rico. This means that it is in Congress’s own interest to see through that Puerto Rico is successful in addressing its current fiscal and economic crisis.  However, some of the policy tools set forth in PROMESA may actually hinder the island’s ability to escape its current economic death spiral.

First, the imposition of a Fiscal Oversight Board with broad powers over the island’s fiscal and economic policies, authority to command the implementation of its recommendations, and the capacity to prevent the enforcement or execution of otherwise valid contracts, executive orders, laws or regulations—has seriously undermined the island’s political institutions, already extremely compromised by clientelism, partisan politics and corruption.

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico

 

The Fiscal Oversight Board has actually added a new layer of opacity to fiscal policymaking in Puerto Rico. The discussions among Board members have been carried out mostly behind closed doors, while interactions between the Board and the Government of Puerto Rico tend to be summarized ex post, usually through succinct letters written in rather cryptic language.

Second, PROMESA’s complicated territorial debt restructuring process combines principles drawn from both the U.S. Bankruptcy Code and from the realm of sovereign debt restructuring. This means that its benefits remain fairly uncertain and contingent on the successful implementation of a completely new and untested legal framework for territorial bankruptcy. The risk if this experimental framework fails is magnified by the fragile state of the Puerto Rican economy, which has already undergone a protracted decade-long contraction.

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SEC Probes Barclays, Morgan Stanley Bankers Over Puerto Rico – Bloomberg

The U.S. Securities and Exchange Commission may take action against bankers from Barclays Plc and Morgan Stanley for their roles in Puerto Rico bond sales before a worsening fiscal crisis sent it hurtling toward bankruptcy.

Source: SEC Probes Barclays, Morgan Stanley Bankers Over Puerto Rico – Bloomberg

Momento de reestructurar

Expertos estadounidenses recomiendan aceptar realidad: Piensan que es el momento de reestructurar las empresas públicas en Puerto Rico

Un análisis de El Nuevo Día ha determinado que la deuda pública real a la que se enfrenta el Gobierno supera los $167,000 millones, si se suman los intereses de los préstamos tomados y el déficit de los sistemas de retiro. (GFR Media/ Ilustración)

Ante el deterioro de la crisis fiscal, el Gobierno de Puerto Rico debe reconocer que el agua ya se desborda del estanque, reestructurar la deuda de sus empresas públicas que están a un paso de la insolvencia y pedir ayuda a  instituciones multilaterales.

Esas son algunas de las recomendaciones de expertos en Estados Unidos que han seguido de cerca la cada vez más difícil situación económica de Puerto Rico, y   coinciden en que todo empieza por el gobierno de Alejandro García Padilla aceptar que la deuda pública ya es inmanejable bajo la estructura actual.

“No es que el gobierno de turno lo haya hecho peor que otros, es un problema acumulado”, dijo el economista  Barry Bosworth, experto de la Institución Brookings, quien ha estado atento al desarrollo de la economía de Puerto Rico por décadas y fue asesor del presidente estadounidense Jimmy Carter.

Para Bosworth, el Gobierno de Puerto Rico tiene que descartar seguir tomando prestado a tasas de interés altas e ir de golpe -no una a una- hacia la reestructuración de la deuda de las corporaciones públicas que están al borde de la bancarrota, como la Autoridad de Energía y Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y la capitalización del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Un análisis de El Nuevo Día ha determinado que la deuda pública real a la que se enfrenta el Gobierno  supera los $167,000 millones, si se suman los intereses de los préstamos tomados y el déficit de los sistemas de retiro.

A partir de julio, además,  el Gobierno  deberá dedicar casi la mitad del dinero que recibe el Fondo General al pago de deuda pública.

Mientras, crece el temor de que el propio BGF -agente fiscal del gobierno de Puerto Rico- quede insolvente ante los próximos pagos de $627 millones que tiene que hacer a bonistas entre marzo y septiembre próximo.

“El problema financiero del Gobierno de Puerto Rico es más sistémico de lo que se ha dejado ver”, indicó  Robert Donahue, director gerente del Grupo de Analistas de Bonos Municipales de Nueva York.

Al igual que Bosworth, Donahue entiende que al hablarse de la deuda pública deben tomarse en cuenta las obligaciones que tienen los sistemas de retiro. Pero, no cree que los analistas se fijen en la suma global de los intereses.

De todos modos, Bosworth sostuvo que entre el principal de la deuda pública ($73,000 millones) y el de los sistemas de retiro ($33,700 millones) es importante que se acepte que se trata de obligaciones financieras que superan los $100,000 millones.

Obligaciones generales

El analista Donahue teme que el problema impacte los bonos del gobierno central -aunque la Constitución proteja a esos inversionistas- y los de Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que son los de más alta clasificación en los mercados de Wall Street. “Cuando no hay dinero,no hay dinero, no importa lo que diga la Constitución”, dijo Donahue.

“No es el momento para tratar de arreglar las sillas del Titanic”, sentenció, por su parte, el profesor  Arturo Porzecanski, director del Programa de Relaciones Económicas Internacionales de la American University, ex analista de Wall Street y asesor de firmas de inversiones.

Porzecanski entiende la urgencia del Gobierno por salir ahora al mercado a capitalizar el BGF, pero piensa que esa nueva gestión tiene que ir acompañada de acciones agresivas hacia la reestructuración de las empresas públicas.

“Esa gran reforma es lo que está faltando. Los sindicatos se van a oponer y otros intereses también, pero necesitan ese plan para ir cerrando empresas públicas que no tienen capital suficiente o darlas en concesión”, dijo.

Bosworth, por su parte,  piensa que en este momento la privatización de la AEE -con un ente regulador que promueva la competencia- puede ayudar. Pero, tampoco está convencido de que la AEE tenga en este momento mucho valor.

“El problema no es meramente las condiciones fiscales, sino el costo de la energía eléctrica, cómo promover negocios con tan alto costo, cómo promover nuevas inversiones en Puerto Rico”, sostuvo.

En el pasado, Porzecanski ha coincidido con otros -como los grupos conservadores republicanos que han sido parte de la guerra de relaciones públicas en contra de la decisión del Gobierno de Puerto Rico de impugnar un acuerdo contributivo que le otorgaría $230 millones al banco Doral- en que es necesaria una intervención federal.

Pero, acepta que cualquier propuesta dirigida a crear una junta administrativa federal que reorganice las finanzas de Puerto Rico tiene que estar avalada por el gobierno puertorriqueño, entre otras cosas, por el debate sobre el status político que generaría, un tema que el Congreso no  ha querido tratar  a fondo.

“El Gobierno de Puerto Rico se tiene que dar cuenta de que no puede hacerlo todo solo”, sostuvo Porzecanski.

Un rescate federal -ya fuera a través de un gigantesco paquete legislativo con asignaciones especiales o la compra de bonos de la Isla por parte de la Reserva federal, como propusieron algunos- nunca ganó tracción.

Mal precedente

“El Congreso ve un rescate financiero como un mal precedente”, sostuvo el economista Bosworth, cuyo grupo de estudio es uno de los más respetados y reconocidos de la capital estadounidense.

Para el comisionado residente en Washington,  Pedro Pierluisi, la intervención de una junta administrativa federal tampoco es una opción. “Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos.  No favorezco que venga un tercero a disponer de asuntos que tenemos que resolver nosotros los puertorriqueños”, agregó.

El economista Porzecanski, mientras, piensa que a la hora de ir en busca de asistencia, el Gobierno de Puerto Rico debe mirar más allá del gobierno federal -Tesoro o Banco de la Reserva -, sino pensar también  en instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Tienen la opción de llamar a los bomberos. En el caso del Banco Mundial o el BID, si no quieren el FMI, hay personas que tienen muchísima experiencia sobre privatización de empresas públicas, cómo mejorar finanzas municipales e imponer un sistema como el  Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Esos bomberos estarían ahí pronto y en vez de gastar millones en consultores, no les costaría nada”, dijo Porzecanski, natural de Uruguay y quien en el pasado estuvo vinculado a reestructuraciones de deuda en Latinoamérica.

Más allá del proceso extrajudicial que se lleva a cabo en torno a la  deuda de la AEE, hasta el momento la actitud del gobierno de García Padilla ha sido descartar la reestructuración de la deuda pública.

Pero, se encargó de legislar una ley criolla que provee un proceso de quiebra para las corporaciones públicas, similar al que establece el capítulo 9 del estatuto  federal, que no incluye a Puerto Rico.

El gobernador García Padilla también ha insistido en que no han pedido un rescate al gobierno federal.

Por el contrario,  García Padilla ha destacado cómo se ha reducido el déficit presupuestario de $2,200 millones a unos $97 millones,  aumentado los recaudos, y reformado sistemas públicos de pensiones.

Status

Por otro lado, en momentos en que el comisionado Pierluisi revive legislación a favor de una consulta pro estadidad -avalada por el Congreso federal-, el profesor Porzecanski consideró que  la atención de Washington debe estar en el tema económico.

“Me parece mal momento. No hay  ningún ambiente para ese tipo de decisión, en momentos en que en el Congreso no se ponen de acuerdo sobre cosas mucho más fáciles”, agregó el catedrático universitario, al aludir también al efecto de los impuestos  federales en la economía y la estructura del Gobierno de Puerto Rico.

Fuente:

Delgado, J. (5 de febrero de 2015). Expertos estadounidenses recomiendan aceptar realidad. Visto en febrero 5, 2015, de  http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/expertosestadounidensesrecomiendanaceptarrealidad-2003911/

Vídeo sobre el tema: http://www.bumbia.com/elnuevodia/ciudadanosexigenunremedioaladeudadelpais-163135.html

 

Por Migdalia Barreto,
Bibliotecaria Auxiliar

Migdalia Barreto